“Si no hiciéramos esta denuncia, estaríamos infringiendo la ley”, afirmó el titular de la Asesoría Letrada y director de Tránsito, Federico Álvarez Petraglia. A partir de una denuncia anónima se estableció que el actual edil, familiar directo del Intendente anterior, circuló tres años con chapas de prueba eludiendo pagos de patente “por no menos de 176.000 pesos”. La investigación se basó en documentos que no estaban en la Intendencia.

El Intendente Caraballo dispuso la realización de una investigación administración y la formalización de una denuncia ante la Justicia Penal a partir de los elementos que surgen de una imputación, formulada de manera anónima, que revela un hecho ocurrido en el anterior período de gobierno y que involucra en principio a un actual edil departamental del Partido Nacional, al Intendente del quinquenio anterior y a quien ocupó el cargo de director de Tránsito en esa etapa.

El trámite judicial se cumplió éste martes 12 de setiembre y estuvo a cargo del titular de la Dirección de Asesoría Letrada y también director de Tránsito, Federico Álvarez Petraglia.

Denuncia anónima que aportó documentación

El jerarca explicó que “a partir de una denuncia anónima” el Intendente Caraballo ordenó el inició de una investigación administrativa para cuyo desarrollo se consideraron documentos aportados por quien denunció y que los elementos se pongan en conocimiento de la Justicia.

Álvarez Petraglia reconoció que esos materiales debían permanecer en la Intendencia pero no formaban parte de los archivos.

El hecho investigado

Álvarez Petraglia informó que “se pudo establecer” que en el año 2012 un actual edil departamental por el Partido Nacional, familiar directo de quien ocupaba el cargo de Intendente en ese momento, regresó de Estados Unidos e ingresó al país, de acuerdo a la normativa vigente, una camioneta marca Toyota, modelo Tacoma. La misma ley que permite el ingreso de estos bienes determina un plazo de 30 días para empadronar los vehículos en la Intendencia del departamento en el que la persona constituya domicilio.

El director confirmó que el denunciado, si bien realizó el ingreso en el marco de la ley, “no concretó el trámite de empadronamiento” y agregó que, según la información recibida desde SUSCIVE, “hasta ahora ese vehículo sigue sin empadronado en el territorio nacional por lo que no se sabe cuál fue su destino”.

La investigación de la Intendencia permitió conocer que la camioneta circuló desde el mes de julio del año 2012 hasta febrero del 2015 “a través de permisos de circulación a prueba que es una chapa que se otorgaba, y que hoy en día ya no se entrega, a las empresas que venden automóviles para movilizar los cero kilómetro dentro de Paysandú o desde otro departamento”.

Para Álvarez Petraglia “está clarísimo que con la utilización de la chapa de prueba en ese caso se configura una irregularidad dado que se eludió el empadronamiento y el pago de la patente a partir de una declaración falsa porque no se trataba de un auto cero kilómetro ni de una empresa vendedora de vehículos”.

En el tiempo mencionado, el involucrado “circuló con tres o cuatro chapas diferentes” generando un perjuicio económico para la Intendencia “por el no pago de la patente de rodados de no menos de 176.000 pesos”.

La denuncia

La acusación refiere directamente a quien ingresó la camioneta, actual edil departamental, “familiar directo del Intendente anterior”. En este marco, se pone en conocimiento del Juez la actuación del director de Tránsito de la época, “que fue el que firmó en muchos casos las autorizaciones de las chapas de prueba y cuál es el vínculo del denunciado con el Intendente anterior”.

Álvarez Petraglia destacó la obligación que tienen los integrantes del gobierno de elevar ante la Justicia los antecedentes de situaciones de este tipo en cumplimiento con el artículo 177 del Código Penal que establece sanciones para quienes omitan o retarden una denuncia. “Si no hiciéramos esta denuncia, estaríamos nosotros infringiendo la norma penal”, enfatizó el profesional.