El gobierno departamental considera que es necesario buscar las soluciones jurídicas más adecuadas para decidir el destino de los vehículos incautados cuyos dueños no realizan los trámites para recuperarlos.

La cuestión se hace más compleja cuando –transcurrido un tiempo-, el  propietario de la moto no regulariza la situación, evaluando que es difícil enviarla a remate.

El Secretario General Mario Díaz, explicó que se intenta buscar las soluciones desde el punto de vista formal y jurídico para hacer más viable y sencillo ese procedimiento. “A propósito de esto, estamos proponiendo a nivel del Congreso de Intendentes algunas modificaciones a nivel de disposiciones legales que existen para simplificar los procedimientos y hacer de un modo más fácil el mecanismo de remates o directamente de eliminación de las unidades que no estén en condiciones de volver al tránsito”. Los depósitos ya no dan abasto, por lo que se trata de un verdadero problema a resolver.

Cuando sea el momento, el gobierno confeccionará un pormenorizado inventario para determinar cuál vehículo está en condiciones de volver a transitar y cuál deberá ser compactado.

El Director de Tránsito, Daniel Ballejo, dijo que continúan los operativos de control vehicular en diferentes zonas de la ciudad y que una vez constatadas irregularidades, cuando corresponde, se procede a la incautación de vehículos.

“Hay un protocolo que rige a partir de esta Administración que se cumple fielmente para dar determinadas garantías a ese bien que es propiedad del infraccionado”. Reconoció que la situación es compleja porque hay necesidad de contar con lugares adecuados para que cuando se entregue el vehículo, “éste se encuentre con su moto en las mismas condiciones que cuando le fue incautada”.