Fue demolida la casa precaria de una familia realojada

Continuando la línea de trabajo establecida desde el Gobierno Departamental y en acuerdo con los vecinos que han sido realojados, se concretó otra demolición en barrio La Chapita. Esta mañana, se intervino en Ledesma y San Martín, demoliendo una casa de chapa y madera.

El 4 de febrero, el Intendente Guillermo Caraballo firmaba la resolución para disponer el funcionamiento de la Inspectoría de Control Territorial, un instrumento de ordenamiento del territorio para intervenir en los realojos. Se trata, no sólo de una decisión inédita a nivel nacional, sino de una política anunciada desde siempre en el departamento, demandada por la sociedad, para evitar que en los territorios inundables se formen nuevos asentamientos. Pero ha sido el Intendente Caraballo quien entendió esta demanda y comenzó a solucionar un problema estructural, asignando mejores destinos a estos territorios.

El Secretario General, Mario Díaz, indicó que tal como anunció el Intendente, se aplicará una rigurosa política de control y fiscalización territorial. Una vez cumplida la etapa de demolición y retiro de materiales, el espacio libre será resignificado.

Se está trabajando en un proyecto que permita a la zona tener un lugar disponible para un nuevo uso. En tal sentido, junto al Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) instrumentado por OPP y el BID con destino a las Intendencias Departamentales, se trabaja para lograr el soporte financiero de un proyecto que permita a la población del lugar utilizar ese nuevo espacio.

Díaz dijo que si bien hay mucho por hacer, “desde el Gobierno Departamental hemos expropiado dos terrenos. Habrá realojos significativos de varias familias del Bajo Curupí y La Chapita”.

Territorios dialogados

Claudia Moroy, encargada de la Inspectoría de Control Territorial, manifestó que la clave es la presencia en el territorio, para lo que ha sido dispuesto el cuerpo inspectivo que ya cumple funciones. La tarea consiste en recorrer el barrio, conocer a los vecinos y dialogar con ellos, logrando el consenso sobre qué uso les parece más adecuado para esos espacios que quedan despejados.

“Han manifestado ideas como la instalación de un espacio recreativo o una cancha para práctica deportiva. Tratamos de atender las propuestas y generar un mejor medio de vida para quienes todavía permanecen en el barrio. Por supuesto que nuestra función principal es vigilar que no se produzcan nuevas construcciones en los lugares que serán resignificados”.

La Inspectoría tiene elaborado un protocolo de actuación y procedimientos en caso de comprobarse la existencia de construcciones no autorizadas en el lugar. Se mantienen contactos con el Jefe de Policía y el Poder Judicial a los efectos de contar con el apoyo necesario si se da alguna situación de ocupación. Moroy indicó que con una fuerte presencia en el territorio estas situaciones deberían evitarse.