La rápida intervención de la Intendencia de Paysandú como coadministrador del área protegida Montes del Queguay, impidió el avance de una iniciativa cuyas consecuencias hubieran sido irreversibles. La directora de Promoción y Desarrolló Margarita Heinzen destacó la acción “en plazo y con alto nivel técnico” de la Administración.

Decisión y definición

Un proyecto impulsado por una organización de carácter privado,  preveía la construcción de un dique de 8 kilómetros que transformaría en inundables unas 400 hectáreas de uno de los reservorios más ricos del país.

La directora general de Promoción y Desarrollo, Margarita Heinzen, aseguró que el informe técnico presentado por la Intendencia “fue definitorio para que el informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) saliera no aprobatorio” y se interrumpiese el proceso.

En esta acción conjunta coordinada con actores locales, la Intendencia ejerció con decisión su papel de coadministrador de esta zona, establecido oportunamente en un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Reservorio de biodiversidad

El área protegida Montes del Queguay, única en el Uruguay, está situada en la zona de confluencia de los ríos Queguay Chico y Queguay Grande.

Tiene una superficie de alrededor de 20.000 hectáreas y alberga –según informa el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “masas de montes ribereños naturales del país, tierras altas (sierras basálticas y bosques de cerritos asociados), arbustales o chircales, bosques parque y pastizales no inundables”, en tanto se encuentran allí “varias especies vegetales prioritarias para la conservación”, además de “altos valores culturales, históricos y arqueológicos”.

Margarita Heinzen informó que esta área “está casi toda en manos de privados” y, de un total de 40.000 hectáreas, 20.000 constituyen área protegida y las restantes están “en condiciones de producción”, lo que plantea la estructuración de un plan de manejo “que permita compatibilizar esos dos destinos: el uso productivo de los privados y la conservación de ese ecosistema único”.

La responsable de la Dirección de Desarrollo Rural, Sandra Zibil, indicó que se trata de “un área protegida con recursos manejables”, es decir que requiere un plan de manejo que contemple al máximo la conservación, pero también la viabilidad de la actividad productiva.

La Intendencia interviene

Heinzen informó que, al asumir la actual administración, se tomó conocimiento de “un proyecto que ya había sido presentado con anterioridad” que implicaba “la construcción de un dique para transformar el destino de 400 hectáreas –hoy de uso ganadero, relativamente extensivo, más o menos manteniendo el balance ecosistémico- y pasarlas a tierra de cultivo”.

Los detalles del proyecto, en fase de estudio de impacto ambiental en la órbita de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), fueron divulgados a través de la página del Ministerio de Vivienda, estableciéndose un plazo de 30 días para la anteposición de objeciones u observaciones.

Ante esto –añadió Heinzen- la Intendencia, a través de varias reparticiones, actuó con celeridad y junto a otras organizaciones y vecinos de la zona advirtió que la construcción de una estructura de esa naturaleza, de 8 kilómetros de longitud, modificaba “la línea de inundación de esta planicie” y “pasaban a ser inundables unas 400 hectáreas”.

Acción coordinada

Zibil indicó que se llevó a cabo “una acción muy coordinada desde la Intendencia; con las otras unidades de Ordenamiento Territorial, con la Unidad de Gestión Ambiental, con Secretaría del Intendente, Desarrollo Rural, para conversar sobre el tema y por qué objetábamos dicho proyecto; por qué considerábamos que no era pertinente que se llevase adelante”.

“Se elaboró un informe con más peso técnico para que realmente tuviera justificación que nosotros, como coadministradores, opinábamos que eso no podía ser llevado adelante”, agregó.

Heinzen destacó “la celeridad con que actuó la Intendencia al tomar conocimiento de este posible proyecto” y también “el informe técnico”, que según expresó el director del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Guillermo Scarlato, “fue definitorio para que el informe de Dinama saliera no aprobatorio”.

“Estamos trabajando en plazo y con alto nivel técnico”, subrayó.