La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el decreto ley que promulgó el Gobierno Departamental prohibiendo las carreras de galgos y desestimó el recurso presentado por el empresario argentino interesado en instalar un canódromo en Paysandú. La prohibición fue una gestión inédita, analizada con rapidez, con la convicción de que “no queríamos esto para el departamento”, puntualizó Caraballo.
En el Salón Rojo del Palacio Municipal, el Intendente Guillermo Caraballo encabezó una rueda de prensa recordando aquella solicitud presentada por un empresario argentino ante la Intendencia de Paysandú para instalar un canódromo.
El Gobierno Departamental tenía la convicción “que no queríamos esto para el departamento pero no teníamos norma nacional ni departamental para autorizar o negar la habilitación”.
Conscientes de la sensibilidad de la comunidad con respecto al tratamiento de los animales, “en una acción acelerada en la elaboración de un texto, tomando algunos ya existentes, y en una coordinación multipartidaria con el reconocimiento en particular, de la edila Laura Cruz y la bancada del Partido Colorado, cuando se presenta el proyecto en la Junta Departamental, se vota sobre tablas y se promulgó al día siguiente”.
Se trató de una gestión inédita, indicó Caraballo, al analizar la rapidez de este procedimiento.
Acciones coordinadas
Tras la resolución de la Intendencia se interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Ahora, la Suprema Corte de Justicia validó la decisión adoptada en aquel momento por el Ejecutivo Departamental, en línea con su política de responsabilidad demostrada desde el comienzo de la actual Administración.
Quienes entendieron que se transgredieron sus derechos de organizar las carreras de galgos, presentaron el mencionado recurso que la Suprema Corte de Justicia desestimó “y ahora nos da la razón. Con satisfacción, decimos que cumplimos con una convicción. No compramos aquello que se decía que esta actividad era una apuesta al desarrollo del departamento”, indicó Caraballo.
Recordó acciones concretas e inéditas como el cierre del zoológico en el Parque Municipal, la donación de una camioneta para realizar castraciones de animales, entrega de cheques de la Zona Azul y Presupuesto Participativo para la ONG “además de estar trabajando en el programa Basta de TaS”.
La sentencia de la Suprema Corte determina que se ha actuado bajo la órbita del derecho y es un elemento que se suma para la discusión del tema a nivel nacional.
“La forma en que se trabajó y los tiempos utilizados, fueron los que en ese momento se necesitaban, por lo que estamos satisfechos y ojalá que en otros temas podamos tener este tipo de acciones coordinadas”, dijo Caraballo.
Acompañaron al Intendente, el Secretario General Mario Díaz; el Director General de Servicios Federico Álvarez Petraglia; el Presidente de la Junta Departamental, Daniel Gallardo; la edila Edys Cravea y Laura de León, Presidente de la ONG Amigos de los Animales.
