El secretario general de la Intendencia, Mario Díaz, aseguró que la investigación y la dilucidación de responsabilidades, aún en el ámbito judicial, fue posible a partir de la denuncia realizada por la Intendencia, que detectó las maniobras, denunció y aportó elementos de prueba para llegar al fondo del asunto.

Indicó que la detección de las maniobras, con la posterior etapa de investigación, también fue posibilitada por el incremento de los controles que realizan los inspectores en la vía pública, inscriptos en una serie de estrategias implementadas para mejorar los indicadores del tránsito.

“Ha habido incremento significativo de la fiscalización”

La mejora en la gestión, con más controles tanto en la vía pública como a nivel administrativo, ha contribuido a que muchas maniobras ilícitas quedasen al descubierto, posibilitando el inicio de las investigaciones, dijo Díaz.

“Una vez detectadas las irregularidades, se procede a hacer las correspondientes denuncias. En función de esto comenzó toda la investigación policial y hay que resaltar la labor que ha desarrollado la Policía en este sentido”, subrayó.

En relación a los funcionarios supuestamente involucrados, Díaz aclaró que solamente se puede separar de su cargo a aquellos que ya tenían un sumario en curso.

“La Intendencia no tiene ninguna potestad para aplicar sanciones hasta que no haya elementos probatorios que efectivamente justifique las mismas”, aclaró.

Aquellos funcionarios presuntamente involucrados que no tenían sumarios en curso, fueron trasladados a otras reparticiones para no entorpecer el curso de la investigación.

La Intendencia cumplió su obligación de denunciar

Por su parte, el director de Tránsito de la Intendencia, Federico Álvarez Petraglia, confirmó que dos de los funcionarios supuestamente involucrados fueron trasladados de sección mientras se desarrollan las investigaciones, en tanto aquellos casos en los que ya había sumarios en curso, se determinó la separación del cargo.

Descartó enfáticamente la existencia de “una oficina paralela de Tránsito”, sino una repartición de la Intendencia que detectó hechos en apariencia delictiva e inmediatamente, tras la correspondiente denuncia, aportó un cúmulo de pruebas a la investigación, cuyo trámite se desarrolló con la debida reserva.

Destacó la labor de la Policía y de la Fiscalía, en tanto recordó que, de no haberse radicado la denuncia y aportado las pruebas por parte de la Intendencia, estas maniobras no hubiesen quedado al descubierto, ni tampoco hubiese sido posible establecer otras conexiones cuya dilucidación e investigación exceden las competencias de la Intendencia.

Compromiso ético de las autoridades departamentales

Recordó que las autoridades departamentales, desde el comienzo del período y ciñéndose a la exhortación expresa del Intendente Caraballo, asumieron el compromiso ético de no incurrir en ninguna falla, “tanto en el ámbito personal como en el desempeño de la gestión pública”, así como de denunciar “cualquier tipo de irregularidad de cualquier persona, sea del cargo que sea”.

Aseguró que las libretas de conducir apócrifas detectadas por los inspectores, no fueron confeccionadas en oficinas de la Intendencia, ya que no existe coincidencia en los materiales utilizados, en tanto confirmó que estos documentos no tienen una contraparte o registro asentado en el sistema informático de la Intendencia.

Largo proceso de investigación

El jerarca confirmó que la Intendencia, a partir del trabajo de los inspectores en la calle, detectó las maniobras en 2017 e inmediatamente inició procedimientos internos y radicó la correspondiente denuncia al área de Investigaciones de la Policía, sumándose posteriormente nuevos elementos probatorios, incluso datos aportados por un contribuyente.

Ratificó que la Intendencia, en particular quienes ejercen cargos políticos, no son jueces ni fiscales, sino funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de denunciar “hechos con apariencia delictiva”, como en este caso, siendo la Justicia el ámbito donde en última instancia se dirimen responsabilidades penales.

Agregó que, mientras avanzaba la investigación en la órbita policial y judicial, la Intendencia, a través de procedimientos internos, estableció que, en algún caso, “existían dadas de baja de alguna deuda de patente relacionada a algún vehículo automotor”.

“Allí, la propia Intendencia, a través de la Dirección de Tránsito y del área de Automotores, elabora un informe, inicia una investigación administrativa y, en estos días, se procede a firmar el sumario, a separar del cargo a la funcionaria y hacer la denuncia penal”, explicó.

La Intendencia ha aportado toda la información

Este proceso de investigaciones –afirmó Álvarez Petraglia- comenzó hace varios meses por orden de las autoridades de la Intendencia, que tomaron conocimiento de hechos en apariencia delictiva e inmediatamente asumieron el tema tanto en la órbita interna como radicando la denuncia a la Policía y aportando todas las pruebas que permitiesen deslindar responsabilidades.

“Hemos colaborado sistemáticamente con la Policía; hemos puesto todo, hemos puesto a disposición todo el respaldo informático de la Intendencia”, enfatizó y destacó el trabajo de la Policía y del fiscal Carlos Motta.