Con participación ciudadana
El ordenamiento territorial del país tiene en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 18.308, votada en el 2008, un punto de inflexión. Así, los departamentos y sus gobiernos, se han ido adecuando a lo previsto en la norma. La Unidad de Ordenamiento Territorial tiene un equipo técnico para elaborar los distintos planes. Claudia Moroy y Natalia García, son dos de las profesionales que integran dicha Unidad, dependiente del Departamento de Obras.
“Comenzamos -señala Moroy- por el instrumento más general, Directrices Departamentales. La ley es clara en el sentido que en los suelos rurales no puede haber un uso urbano. Después, desde el Plan Local, con un ámbito de aplicación más preciso, se va más en profundidad, con la zonificación, edificabilidad, fraccionamiento y además, directrices estratégicas”.
La ley en cuestión prevé planes regionales, interdepartamentales y nacionales. La región Este cuenta con uno y se espera contar con estrategias para el Litoral. Por el momento, en lo interdepartamental, se trabaja en el control territorial, haciendo encuentros con Salto, Artigas, Río Negro. “Nuestro objetivo más cercano es el Plan Paysandú”, agrega Natalia García.
Con varios años de funcionamiento, la Unidad acumuló una experiencia que la ha fortalecido significativamente. Una de las primeras actividades desplegadas tuvo que ver con la elaboración del Plan Paysandú. Necesidades de distintos sitios del interior y demanda de Mevir, que determinaron la categorización primaria del suelo en 48 localidades.
El 4 de febrero, el Intendente firmó la resolución para el funcionamiento de la Inspectoría de Control Territorial, constituyéndose en la primera del país. Depende del Departamento de Obras y se articula con el Ministerio de Vivienda y gobiernos vecinos, rumbo a una Agenda Litoral. Hubo previamente rondas de consultas con el Poder Judicial, Jefatura de Policía, Prefectura.
El plan contiene el modelo territorial de una ciudad mirada al futuro. A partir de ahí se propone una zonificación y categorización del suelo. El objetivo es plantear las reglas claras de la regulación de la ciudad y planificar. Se incorpora un mapa de riesgo de las zonas inundables que se viene trabajando con la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) para las acciones concretas como los realojos e Inspectoría Territorial, eliminando usos residenciales. Ambas profesionales señalan la importancia de la planificación porque “como pasan cosas en la ciudad, esa planificación se potencia y necesita coordinación, teniendo en cuenta las obras que se vienen como la nueva Terminal o las de la Costa”.
Destaques del Plan
“En cuanto al plan, tratamos de sintetizar un poco; simplificar zonas, hacer un documento amigable para leer y aplicar. Para nosotros trabajar con DINAGUA nos hizo rever el plan. El tema de las inundaciones, grandes e intermedias, se incorporó con mucha conciencia, con detalles, mapeos, condiciones para la zona, mitigaciones; es uno de los cambios más radicales”, impulsados desde la actual gestión, aportó García.
En cuanto al uso del suelo, Claudia Moroy, reflexionando sobre zonas inundables, sostiene que se ha generado un cambio conceptual. “Había una idea de que las zonas inundadas, estaban protegidas ambientalmente, pero se generaba cierta paralización. Hay otras posibilidades que no sean uso residencial, podemos generar otras intervenciones. Que la situación sea una oportunidad. La obra de acceso al Puerto va a implicar cambios”. Paysandú tiene posibilidades de desarrollo dentro de su zona urbana y suburbana; por eso su expansión deberá presentar límites.
“La ciudad de Paysandú -acota García- tiene una de las zonas suburbanas más grandes del país y ésta permite el desarrollo de ciertos emprendimientos u actividades. Hay que tener cintura y orden a la hora de planificar esa gran trama. A todo el país le sorprende cuando uno muestra la gran mancha suburbana, que es realmente mucho más grande que la zona urbana, y creemos que en la zona urbana norte hay posibilidad de densificar dentro de la trama con servicios, para que haya cohesión social”. Se piensa en políticas y estímulos que viabilizan la densificación y utilización de los servicios e infraestructuras existentes. En el presupuesto se incorporaron herramientas que van en tal dirección.
Participación ciudadana
La Ley de Ordenamiento prevé instancias de consultas con la población y ciertos pasos a seguir. Por eso, en este largo y complejo proceso, la Oficina de Ordenamiento Territorial las viene organizando. En los primeros días de agosto, se hará la puesta de Manifiesto del Plan, por 30 días. En setiembre se realiza la Aprobación Previa, por resolución del Intendente, para llegar a la Audiencia Pública en octubre, instancia que recogerá propuestas, puntos de vistas, críticas. Simultáneamente se solicita a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y de Ordenamiento Territorial, las aprobaciones de Evaluación Ambiental Estratégica. “El objetivo nuestro es elevar en diciembre el documento definitivo a la Junta Departamental”, señalan.
Tanto Moroy como García destacan la importancia de la participación ciudadana y el conocimiento de estas herramientas que hacen a la construcción de la ciudad, su acceso y uso democrático. “Queremos un taller de validación para el mapa de riesgo por las inundaciones, luego una segunda reunión con la Comisión Asesora de Ordenamiento local. Es muy importante la participación de la población, elaborando en conjunto y generando consensos. Que no sea un documento de oficina. Tratamos que la población esté representada, generando más instancias de la que marca la Ley”, concluyeron.
